El capitalismo ha formulado su tipo ideal con la figura del hombre unidimensional. Conocemos su retrato: iletrado, inculto, codicioso, limitado, sometido a lo que manda la tribu, arrogante, seguro de sí mismo, dócil. Débil con los fuertes, fuerte con los débiles, simple, previsible, fanático de los deportes y los estadios, devoto del dinero y partidario de lo irracional, profeta especializado en banalidades, en ideas pequeñas, tonto, necio, narcisista, egocéntrico, gregario, consumista, consumidor de las mitologías del momento, amoral, sin memoria, racista, cínico, sexista, misógino, conservador, reaccionario, oportunista y con algunos rasgos de la manera de ser que define un fascismo ordinario. Constituye un socio ideal para cumplir su papel en el vasto teatro del mercado nacional, y luego mundial. Este es el sujeto cuyos méritos, valores y talento se alaban actualmente. (Michel Onfray)


sábado, 18 de enero de 2020

PRESOS Y PRISIONES (2019)



PRESOS Y PRISIONES

¿Presos políticos? ¿Políticos presos? Este desacuerdo en la calificación de los independentistas catalanes encarcelados ha sido motivo de debate. Pero... ¿importa el orden de estas palabras? Para mí, en absoluto, porque la palabra fundamental de este par de expresiones —y sobre la que debemos centrar nuestra atención— es esta: presos.

Pensemos en los presos, en todos los presos, es decir, en personas privadas de libertad, separadas de manera forzada de sus familias, amistades y círculos sociales, personas a las que —bajo el pretexto de disuadirlas de cometer actos contrarios al bien común o de reeducarlas para reinsertarlas a la sociedad— se castiga de manera inhumana y se les produce un daño de difícil curación, tanto físico como psicológico.

Puede que alguien conciba la cárcel como una institución degradante cuando se encierra a unos políticos que, según su criterio, han sufrido un trato injusto, ¿pero no es cierto tal vez que una gran parte de los presos sociales también sufren un trato injusto, ya que son personas con discapacidades  intelectuales o psíquicas, o que proceden de familias desestructuradas o de contextos de pobreza y marginación? ¿No somos todos responsables, al menos en parte, que en nuestra sociedad no se haga nada o casi nada para evitar que estas personas cometan delitos? ¿Podemos aceptar de manera despreocupada la existencia de las cárceles hasta el día que afecte a un familiar o amigo nuestro? ¿Podemos seguir ignorando los problemas sociales que conlleva el capitalismo? ¿Si no hay justicia social, puede ser justa la Justicia?

¿Y qué decir de la situación de aquellas otras personas que se han equivocado una sola vez, que han cometido un primer delito en un momento de ofuscación? ¿Qué se debe hacer? ¿Recluirlas en un lugar que Piotr Kropotkin definió como la universidad del crimen, el lugar donde se mezclarán —quizás sólo a la espera de su primer juicio— con delincuentes expertos?

¿Qué hacer con y para las personas encarceladas? Hace muchos años un compañero de más edad me dijo: «Cuando triunfe el comunismo libertario, cuando desaparezca el sistema capitalista, desaparecerán las cárceles y nadie será preso en ellas». Por supuesto, ¿pero qué tenemos que hacer mientras tanto? ¿Debemos esperar de brazos cruzados a ese futuro impreciso?

Quizás haya quien crea que la cárcel es una institución degradante, pero necesaria e inevitable; pero en otras épocas también debían parecer necesarios e inevitables los suplicios como recibir azotes en público y a continuación ser paseado por las calles y escarnecido; las ejecuciones públicas en la hoguera, la horca o por decapitación ofrecidas como espectáculo; las mutilaciones y los desmembramientos; la exposición en lugares de paso de los cadáveres de los reos o de sus miembros descuartizados ... y, por fortuna, todas estas atrocidades han desaparecido en nuestras sociedades y nadie las echa de menos.

Creo que es posible plantearse un proceso de abolición de los encarcelamientos en que, en una primera etapa, se redujeran de forma progresiva los ámbitos delictivos que conllevan condenas de privación de libertad. Se podría empezar por los delitos contra el patrimonio y los socioeconómicos —que constituyen un tercio de todos los que se cometen en España— si a las personas condenadas se les aplicara como correctivo la realización tutelada de trabajos para el bien de la comunidad o de las personas victimizadas, una opción que podría ser realmente rehabilitadora si de manera paralela se ejecutaran políticas encaminadas a conseguir la disminución de las desigualdades sociales y un reparto justo de la riqueza.

Es cierto, sin embargo, que cuando estos delitos socioeconómicos los cometan especuladores o políticos y empresarios corruptos resultará más difícil conseguir su rehabilitación, ya que de ninguna manera podemos atribuir la motivación de su comportamiento delictivo a la necesidad, sino a la ausencia de valores éticos.

Un colectivo de personas encarceladas a quien en un buen número se podría evitar la privación de libertad sería el de las que tienen enfermedades mentales, en las  que la causa de su conducta conflictiva se encuentra en su trastorno mal tratado. Si se tiene en cuenta que el 10% de los presos del Estado tiene alguna afección mental, no resulta tan extraño pensar que se podría reducir su número si de manera previa fueran atendidos por un sistema sanitario público de calidad.

Y cuando se tratase de personas con comportamientos violentos que hayan derivado en delitos de lesiones o de violencia de género, para evitar reincidencias, se debería intentar corregir su comportamiento mediante una asistencia psicológica rehabilitadora, intensa e individualizada.

Está claro que hay ocasiones en que, por el contexto y la desmesura de un tipo de delito, podemos pensar que quienes lo cometen difícilmente pueden ser rehabilitados: genocidio, asesinato en serie, trata de seres humanos, agresión sexual reiterada, delito de lesiones agravado por alevosía y ensañamiento, terrorismo de Estado o violencia grave indiscriminada, crimen organizado ... naturalmente, ¿por qué negarlo? En estos casos, no parece existir una alternativa ni fácil ni inmediata, pero incluso así, ¿por qué no intentarlo?

Finalmente, sugiero un primer paso hacia la abolición de las cárceles que, por supuesto, sería el de la prevención mediante el refuerzo de la responsabilidad de las familias —sobre todo si se las liberase de la lacra de la explotación, la precariedad y las jornadas laborales extenuantes— en la educación en valores éticos de los menores, de la implicación en este mismo sentido de la gente del vecindario o del barrio y, sobre todo, con el compromiso de la Escuela, una institución que ahora mismo se proyecta cada vez más en función de los intereses de mercado que de las necesidades sociales e individuales.

Jordi F. Fernández Figueras

Versión en castellano de un texto publicado en 
Diari de Terrassa, 15 de enero de 2020, 
i en Catalunya, enero de 2020

jueves, 16 de enero de 2020

PRESOS I PRESONS (2019)


PRESOS I PRESONS

Presos polítics? Polítics presos? Aquest desacord en la qualificació dels independentistes catalans empresonats ha estat motiu de debat. Però ... importa l'ordre d'aquestes paraules? Per a mi, en absolut, perquè la paraula fonamental d'aquest parell d'expressions —i sobre la qual hem de centrar la nostra atenció— és aquesta: presos.
Pensem en els presos, en tots els presos, és a dir, en persones privades de llibertat, separades de manera forçada de les seves famílies, amistats i cercles socials, persones a qui —sota el pretext de dissuadir-les de cometre actes contraris al bé comú o de reeducar-les per reinserir-les a la societat— es castiga de manera inhumana i se'ls produeix un dany de difícil curació, tant físic com psicològic.
Pot ser que algú concebi la presó com una institució degradant quan s'hi tanca uns polítics que, segons el seu criteri, han sofert un tracte injust, però no és cert potser que una gran part dels presos socials també pateixen un tracte injust, ja que són persones amb discapacitats intel·lectuals o psíquiques, o que procedeixen de famílies desestructurades o de contextos de pobresa i marginació? No som tots responsables, almenys en part, que en la nostra societat no es faci res o gairebé res per evitar que aquestes persones cometin delictes? Podem acceptar de manera despreocupada l'existència de les presons fins al dia que afecti un nostre familiar o amic? Podem seguir ignorant els problemes socials que comporta el capitalisme? Si no hi ha justícia social, pot ser justa la Justícia?
I què dir de la situació d'aquelles altres persones que s'han equivocat un sol cop, que han comès un primer delicte en un moment d'ofuscació? Què se n'ha de fer? Recloure-les en un lloc que Piotr Kropotkin va definir com la universitat del crim, el lloc on es barrejaran —potser tan sols a l'espera del seu primer judici— amb delinqüents experts?
Què fer amb i per les persones empresonades? Fa molts anys un company més gran em va dir: «Quan triomfi el comunisme llibertari, quan desaparegui el sistema capitalista, desapareixeran les presons i ningú serà pres en elles». Per descomptat, però què hem de fer mentrestant? Hem d'esperar de braços creuats aquest futur imprecís?
Potser hi ha qui creu que la presó és una institució degradant, però necessària i inevitable; però en altres èpoques també devien semblar necessaris i inevitables els suplicis com ara rebre assots en públic i després ser passejat pels carrers i escarnit; les execucions públiques a la foguera, la forca o per decapitació ofertes com a espectacle; les mutilacions i els desmembraments; les exposicions en llocs de pas dels cadàvers dels reus o dels seus membres esquarterats... i, per fortuna, totes aquestes atrocitats han desaparegut en les nostres societats i ningú les troba a faltar.
Crec que és possible plantejar-se un procés d'abolició dels empresonaments en què, en una primera etapa, es reduïssin de forma progressiva els àmbits delictius que comporten condemnes de privació de llibertat. Es podria començar pels delictes contra el patrimoni i els socioeconòmics —que constitueixen un terç de tots els que es cometen a Espanya— si a les persones condemnades se'ls apliqués com a correctiu la realització tutelada de treballs per al bé de la comunitat o de les persones victimitzades, una opció que podria ser realment rehabilitadora si de manera paral·lela s'executessin polítiques encaminades a aconseguir la disminució de les desigualtats socials i un repartiment just de la riquesa.
Prou és veritat que quan aquests delictes socioeconòmics els cometen especuladors o polítics i empresaris corruptes resultarà més difícil aconseguir la seva rehabilitació, ja que de cap manera podem atribuir la motivació del seu comportament delictiu a la necessitat, sinó a l'absència de valors ètics.
Un col·lectiu de persones empresonades a qui en un bon nombre se'ls podria evitar la privació de llibertat seria el de les qui tenen malalties mentals, en què la causa de la seva conducta conflictiva es troba en el seu trastorn mal tractat. Si es té en compte que el 10% dels presos de l'Estat tenen alguna afecció mental, no resulta tan estrany pensar que se'n podria reduir el nombre si de manera prèvia fossin atesos per un sistema sanitari públic de qualitat.
I quan es tracti de persones amb comportaments violents que hagin derivat en delictes de lesions o de violència de gènere, per evitar reincidències, s'hauria d'intentar corregir-ne el comportament mitjançant una assistència psicològica rehabilitadora, intensa i individualitzada.
És clar que hi ha ocasions en què, pel context i la desmesura d'un tipus de delicte, podem pensar que els qui el cometen difícilment poden ser rehabilitats: genocidi, assassinat en sèrie, tracta d'éssers humans, agressió sexual reiterada, delicte de lesions agreujat per traïdoria i acarnissament, terrorisme d'Estat o violència greu indiscriminada, crim organitzat...naturalment, per què negar-ho? En aquests casos, no sembla haver-hi alternativa ni fàcil ni immediata, però fins i tot així, per què no intentar-ho?
Finalment, suggereixo un primer pas cap a l'abolició de les presons que, per descomptat, seria el de la prevenció mitjançant el reforç de la responsabilitat de les famílies —sobretot s'alliberessin de la xacra de l'explotació, la precarietat i les jornades laborals extenuants— en l'educació en valors ètics dels menors, de la implicació en aquest mateix sentit de la gent del veïnat o del barri  i, sobretot, amb el compromís de l'Escola, una institució que ara mateix es projecta cada vegada més en funció dels interessos de mercat que de les necessitats socials i individuals.
Jordi F. Fernández Figueras
Publicat a Diari de Terrassa, 15 de gener de 2020,
i a Catalunya, gener de 2020