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| Interior del Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid |
En
las dos últimas décadas España ha vivido un alud de inmigrantes, de gente de
otros países que ha venido para mejorar su nivel de vida. Nada nuevo, en
principio, las migraciones por razones económicas son un fenómeno habitual en
la historia reciente de la humanidad: los inmigrantes se desplazan hasta una
zona en crecimiento económico y obtienen el trabajo que no encuentran en sus
países, pero casi siempre viven una situación de irregularidad y de
vulnerabilidad que conlleva que, en relación con los autóctonos, su salario sea
más bajo y que sus derechos sociales sean ignorados.
Tampoco es nuevo que para conseguir que
sean siempre una mano de obra barata y dócil haya que mantenerlos el máximo de
tiempo posible en un estado propicio a la sumisión y la invisibilidad. Sin
duda, con este objetivo, las fuerzas políticas mayoritarias del Estado Español
establecieron que los inmigrantes estuvieran como mínimo dos años en situación
de irregularidad antes de obtener el permiso de residencia. Mientras, pueden
sufrir en cualquier momento una detención arbitraria y ser recluidos en un
tétrico Centro de Internamiento de Extranjeros, pero incluso después de haber
regularizado su situación siguen sufriendo asedio y hostilidad constantes, por
ejemplo: cuando se les señala de manera velada desde los medios como responsables de
la falta de cohesión social o se los estigmatiza por su habla, su religión, sus
costumbres o su aspecto.
De todos modos, las circunstancias
cambian y ahora mismo, en estos momentos de grave crisis económica, los
inmigrantes estorban a las fuerzas de la oligarquía. Si no se los consideraba
del todo personas cuando eran útiles, ahora que ya no se los necesita se los
trata casi como trastos. Hay que alejarlos y, para conseguirlo, se utilizarán todas
las estrategias. Una, por ejemplo: negarles el pleno derecho a la salud. La
reforma de la Ley de Extranjería implica que los cerca de 500.000 inmigrantes
residentes de manera irregular en España no podrán utilizar una gran parte de
los servicios del Sistema Nacional de Salud.
Este ataque explícito a uno de los
derechos humanos fundamentales, bajo forma de restricción de acceso a la
sanidad pública, también conlleva, implícito, el mensaje de que los problemas
de la sanidad pública provienen del despilfarro provocado por el abuso de los
inmigrantes. Pero no son los inmigrantes quienes han destruido el Estado del
Bienestar, al contrario, vinieron para contribuir con su esfuerzo a mantenerlo
y para gozar de sus frutos, no son los inmigrantes quienes han despedazado un
tejido social parecido al que describe Dickens en sus novelas.
Nada nuevo, la demagogia populista de
nuestros gobernantes repetirá las mentiras de siempre antes que reconocer que
los inmigrantes y los autóctonos somos por iguales víctimas de las políticas
neoliberales, de la falta de seriedad y la incompetencia de los políticos
profesionales, de la ambición desmesurada de la gran industria y de la
desvergüenza de banqueros y especuladores financieros.
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